Ramón Vallejos fue apresado cuando conducía el automóvil Fiat Palio rojo en el que habría sido trasladado desde Rosario hacia Colón el sicario que ejecutó a Mauricio Cordara, chofer y dirigente cercano a Pablo Ansaloni, exdiputado nacional y actual candidato a secretario general del gremio de los peones rurales. El ataque, donde Mauricio Cordara, de 45 años, recibió nueve impactos de bala a corta distancia, fue registrado por una cámara de seguridad.

Un paso clave se produjo en las últimas horas en la causa que investiga el crimen de un dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Ayer fue detenido Ramón Vallejos, integrante del clan narcocriminal Romero, al volante del Fiat Palio rojo, vehículo que se usó para trasladar desde Rosario a Colón, provincia de Buenos Aires, al sicario que ejecutó de siete tiros a Mauricio Cordara, chofer y dirigente cercano a Pablo Ansaloni, exdiputado nacional y actual candidato a secretario general del gremio de los peones rurales que está en ebullición de cara a las elecciones del 21 de diciembre próximo.

La investigación que lleva adelante la fiscal Magdalena Brandt tuvo avances concretos durante las últimas horas. Hoy hubo nuevos allanamientos y se secuestraron varios teléfonos celulares que estaban en manos del clan Romero.

El ataque, en realidad, estaba dirigido a Ansaloni, pero ocurrió un cambio en la rutina del exdiputado que hizo que Cordara viajara, el 19 de este mes, desde la ciudad de Buenos Aires hacia Colón con los hijos del gremialista.

El vehículo fue interceptado ayer en la zona norte de Rosario, en la ruta 34, era conducido por Ramón Vallejos, padre de Hernán Vallejos, conocido como Lichi Romero, un preso condenado por asociación ilícita.

La orden de detención la dictó el fiscal Matías Edery, quien colabora con su par de Colón Magdalena Brandt, quien investiga la ejecución del dirigente del gremio de la Uatre. En otras tramas criminales, vinculadas a internas gremiales, participan eslabones del crimen organizado de Rosario, que son contratados para sembrar violencia, muchas veces con resultados poco eficientes.

Es un misterio quién ordenó el homicidio de Cordara. Ahora la fiscal Brandt tratará de profundizar sobre los autores materiales y tratar de identificar quién podría haberle pagado al clan Romero para llevar adelante este atentado.

os Romero son una histórica banda que, como la mayoría, se dedicaba a los delitos más comunes, como entraderas y robos y derivó a un grupo criminal que sostiene su negocio con el manejo de la venta de drogas en esa zona cercana a la ruta 34.

También, como ocurre con otras organizaciones criminales, como Los Monos, es un clan familiar, liderado por Lichi que está preso y que fue condenado en octubre de 2018 a 20 años de prisión por una ristra de delitos violentos.

En el caso de Lichi, los fiscales detectaron que a pesar de que nunca tuvo una actividad laboral registrada, compró un automóvil BMW modelo 323i, valuado en unos 20.000 dólares.

Su primo Gastón Romero, que tampoco tiene ingresos legales, adquirió en octubre de 2014 un Citroën C4 por 13.000 dólares. Cinco meses después compró un Mini Cooper por 17.000 dólares.

En 2018, los Romero se aliaron con otra banda de la zona, liderada por Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi, exsoldadito de Esteban Alvarado, quien tomó protagonismo por admitir en la justicia que atentó contra el ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013.

El 25 de octubre de 2019, Ema Pimpi, fue asesinado en un ataque comando en una mansión de la zona norte de Rosario donde cumplía prisión domiciliaria, una residencia que alquilaba a través de un amigo y testaferro, Matías Lange, a una inmobiliaria que ofrecía la propiedad del camarista Oscar Puccinelli.

El sicario rosarino que ejecutó al chofer llegó a Colón 40 minutos antes de concretar el homicidio y esperó en la esquina a que el VW Vento de Ansaloni estacionara frente a la casa del exdiputado nacional.

Tenía todo planeado. El asesino viajó desde Rosario -según el registro de las cámaras- en un Fiat Palio rojo, que conducía un cómplice, y regresó a esa ciudad después del asesinato, por el que se presume habría cobrado.

La sospecha es que el asesino formaría parte de la mano de obra violenta de las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico en Rosario y que -como se investigó en varias causas- cobran por matar o realizar acciones violentas. Esa teoría quedó ratificada con el arresto de Vallejos.

El crimen se produjo en un contexto particular de la Uatre. Por primera vez desde 1991 competirán dos listas por la conducción del sindicato de peones rurales que hasta 2017 tuvo como líder absoluto a Gerónimo Venegas, quien falleció ese año.

Ansaloni, hombre cercano al ministro de Economía Sergio Massa, es el candidato por la lista Celeste. Diputará las riendas del sindicato a José Voytenco, quien denunció a su rival por manejos irregulares en la obra social.

El día que fue asesinado Cordara, Voytenco compartió un acto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuya relación la tejió el exintendente de San Pedro Cecilio Salazar, otro dirigente histórico del gremio.
La sospecha más fuerte en la investigación es que el asesinato de Cordara está relacionado con la fuerte tensión interna que hay en la UATRE de cara a las elecciones que se realizarán en Bahía Blanca el 21 de diciembre próximo.

Los investigadores no descartan otros posibles móviles, incluso, aquellos que están vinculados al entorno de la víctima, que tenía un hermano que era policía santafesino, o cuestiones “pasionales”. Sin embargo, la pista más firme apunta a que el sicario narco se confundió de blanco, ya que supuestamente Ansolini cambió a último momento de opinión y pidió que sus hijos fuesen llevado por su chofer a Colón.

La fiscal Brandt ordenó el miércoles de la semana pasada que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara las sedes del gremio de la Uatre, la ART del sindicato y la obra social Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), donde cumplían funciones en el tercer piso tanto Ansaloni, como Cordara, que era empleado de esa entidad desde 2007.

n el edificio de la Uatre, situado en Reconquista 630, la PFA secuestró dos teléfonos y documentación. El allanamiento se produjo cerca de las 17, cuando estaba desierto.

Voytenco, el secretario general, no se encontraba en el edificio. Por las redes sociales y también por algunos medios de comunicación empezó a circular la versión de que el secretario general de la Uatre y su abogado en el gremio, Marcelo Urban, estaban prófugos.

Pero no había ninguna orden de captura –según confirmó LA NACION- para el dirigente gremial, oriundo de Chaco, que al otro día se reunió con el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para negociar una reapertura de las paritarias.

Voytenco se puso a disposición de la Justicia y negó de plano la versión que circulaba de que tenía pedido de captura. Lo hizo por la red social Twitter, por donde se había viralizado la fake news.

Ansaloni, en un comunicado que difundió el mismo día, aseguró que el ataque sicario contra su chofer estaba dirigido a él.

“El atentado que se llevó la vida de Mauricio estaba dirigido a Pablo Miguel Ansaloni, conductor de nuestra agrupación y candidato a secretario general de Uatre por la lista Celeste Renovación y Lealtad”, señaló el documento.

Desde ambos sectores, comenzaron a agitar versiones sobre el móvil del crimen de Cordara para perjudicar a la lista contraria.

La elección en el gremio de la Uatre trae aparejadas fricciones desde hace tiempo, cuando Ansaloni y Voytenco decidieron enfrentarse por el manejo de un gremio que administra –como publicó LA NACION- fondos por $600 millones mensuales mientras que su obra social, Osprera, tiene una caja de $2800 millones.

El sindicato de peones rurales fue conducido desde 1992 por Venegas, conocido como Momo, que pasó a manejar un año después la obra social, luego de que lograra que el entonces presidente Carlos Menem transformara por decreto el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines en la actual Osprera.

Venegas manejó hasta el 26 de junio de 2017, cuando falleció el gremio y la obra social, sin disidencias internas.

La muerte de Momo, que había creado el partido FE en 2013, le sirvió a Ansaloni para llegar a ser diputado nacional por Cambiemos. Ocupó ese lugar en la Cámara baja porque Ramón Ayala, quien había sucedido a Momo en la Uatre, cargaba con algunas desprolijidades sobre sus espaldas, que no representaban una amenaza en el gremio pero sí en el Congreso de la Nación.

Ayala falleció tras contraer Covid-19 en octubre de 2020 y el manejo del sindicato quedó en manos de Voytenco, un dirigente chaqueño, y la obra social a cargo de Ansaloni, que en 2019 formó bloque propio con otros siete legisladores del interior, se fue de Juntos por el Cambio, y a se acercó al massismo.
Las tensiones por la conducción del gremio se agudizaron en los últimos meses. En el congreso de la Uatre que se realizó en septiembre pasado en Parque Norte se produjeron incidentes, que incluyó golpes y agresiones con gas pimienta.

Voytenco logró adelantar las elecciones para el 21 de diciembre próximo, a pesar de la negativa del Ministerio de Trabajo, pero con el aval de la justicia federal de La Pampa.
A su vez, Voytenco logró desplazar al sector de Ansaloni del manejo de la obra social. La Uatre es una entidad sindical que maneja una caja millonaria con una particularidad: se estima que siete de cada diez trabajadores del sector rural están en negro.

El mayor ingreso de la Uatre no proviene de los aportes de los 400.000 afiliados activos. si no del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que se nutre de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos –por el Fondo Especial del Tabaco– y que este año le reportaría ingresos por $1290 millones, según publicó LA NACION.

El crimen del chofer de Ansaloni agita aún más la grieta dentro de la Uatre y abre un interrogante sobre el futuro de la elección en el gremio, que tendrá como escenario la ciudad de Bahía Blanca. Allí se realizará la asamblea donde los congresales definirán el futuro de una entidad con el enigma sobre quién mató a Mauricio Cordara.

Fuente: Germán de los Santos para el Diario LA NACIÓN.